Carmen Eva Gonazales
Senadora
Después de varios meses
y ante las contundencia de las evidencias que se han generado, el Fiscal de
materia de la ciudad de Santa Cruz, Dr. Ángel Álvarez ha convocado a declarar
al ex Fiscal Marcelo Soza y a su abogado Moisés Ponce De León por los
innegables hechos de extorsión y corrupción que ejercieron en contra de muchas
de las personas que fueron investigadas
en el denominado casó Terrorismo I.
Espero esta vez que
estos señores cumplan con su obligación de presentarse y responder ante la
justicia por sus fechorías y que de una vez dejen de evadir su responsabilidad
excusándose en mecanismos legales dilatorios y en la chicanearía barata.
Espero que el Fiscal
General a pesar de haberse negado a recibirme innumerables veces, esta vez
cumpla su palabra expresada hoy en los medios de comunicación, de que en caso
de que el ex fiscal Soza no se presenté a declarar se expedirá el respectivo
mandamiento de aprehensión.
No puedo dejar de hacer
mención a la actitud encubridora y sinvergüenza que ha asumido el Fiscal José
Villarroel, quien ha declarado públicamente que lo que corresponde es que la
investigación que se sigue en contra de Marcelo Soza en la ciudad de Santa
Cruz, debería ser traída aquí a La Paz, la pregunta es para que quiere el
Fiscal Villarroel que la investigación sea traída a La Paz? La respuesta es que
para cerrar el caso y liberar a sus amigos Soza y Ponce de León más delincuentes
ya que desde que recibió el caso de los audios que datan de marzo del año
pasado, no ha realizado acto investigativo alguno y sino qué responda, que fue
de la pericia que debía realizar el Ministerio Público sobre estos audios?
Sin embargo, hoy aparece
para tratar de encubrir a sus amigos y facilitarles el camino de la impunidad,
por lo que en vista de que hasta la fecha esté Fiscal no ha cumplido con su
labor dentro de este caso, como lo ha hecho en caso del Mayor Ormachea o como
en el caso del General Santiestevan, le anuncio que en las próximas horas voy a
presentar una denuncia penal en su contra por los delitos de uso indebido de
influencias y encubrimiento.
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